La Jefatura de Policía de Corrientes alertó que no tolerará amenazas ni actos de violencia en escuelas. Indicó que los hechos, incluso en redes sociales, serán investigados y podrían derivar en sanciones penales, civiles y contravencionales.
Ante los episodios de amenazas de tiroteo en establecimientos educativos correntinos, la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes advirtió sobre la aplicación de sanciones ante amenazas, intimidaciones o cualquier tipo de conducta violenta que afecte el normal funcionamiento de las escuelas, tanto en la capital como en el interior provincial, recaerá sobre los padres de los presuntos autores de esas amenazas.
El pronunciamiento se da en el marco de recientes episodios registrados en instituciones escolares, que encendieron las alertas de las autoridades y motivaron el refuerzo de medidas preventivas orientadas a garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
Desde la fuerza señalaron que no se tolerarán acciones que alteren la tranquilidad en los ámbitos escolares, incluyendo amenazas directas, incitaciones a la violencia o cualquier otro comportamiento que interfiera con el desarrollo de las actividades. En ese sentido, recordaron que este tipo de hechos se encuentran tipificados en el Artículo 149 bis del Código Penal Argentino, que contempla sanciones para quienes incurran en amenazas.
Asimismo, se remarcó que las conductas que se difundan a través de redes sociales u otros medios digitales también serán objeto de investigación.
En estos casos, se aplicará lo establecido en el Artículo 211 del Código Penal, que prevé penas para quienes generen temor público o alteren el orden mediante la difusión de información falsa o intimidante.
El comunicado también puso el foco en la responsabilidad de los adultos a cargo de menores de edad. Según lo establecido en el Artículo 1754 del Código Civil y Comercial, los padres o tutores podrán ser considerados responsables por los daños y perjuicios ocasionados por los menores bajo su cuidado.
Desde la Jefatura indicaron que cada situación será analizada en función de su gravedad, pudiendo derivar en la intervención de la Justicia y en la aplicación de medidas en los ámbitos penal, civil o contravencional. En este sentido, subrayaron que el objetivo es prevenir hechos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo.
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2026-04-25 13:15:25
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